CIVITAS, Vol 2, No 2 (2014)

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PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y POLÍTICA EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

(CIVIC AND POLITICAL PARTICIPATION IN THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA)

Recibido: 11/07/2014    Aceptado: 13/09/2014

Araque, Lourdes
URBE - Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín
araqlourdes@gmail.com

RESUMEN

El presente trabajo de investigación se desarrolló a partir de un estudio, fundamentado en teorías que explican la relación entre Participación Ciudadana y Política en la República Bolivariana de Venezuela. Partiendo de la nueva concepción de participación ciudadana y política, bases jurídicas de la participación ciudadana y política, formas de participación ciudadana y política y mecanismos legales de participación ciudadana y política. La presente investigación se encuentra dentro de un enfoque de investigación cualitativo, determinado por un paradigma postpositivista, el cual permitió recopilar la información directamente en el espacio donde se origina. El diseño de la investigación no experimental y transeccional. La propuesta formula un enfoque diferente desde la participación ciudadana y política en la República Bolivariana de Venezuela, los propósitos específicos para alcanzarlo y las estrategias requeridas para el logro de cada uno de ellos de estos propósitos.

Palabras claves: participación, ciudadanía, política.

ABSTRACT

This research grew out of a study, based on theories that explain the relationship between Citizens and Political Participation in the Bolivarian Republic of Venezuela. Based on the New Conception of Citizen Participation Policy, Legal Bases of Politics and Citizenship, Participation and Payment Policy and Legal Mechanisms of Public and Political Participation. This research was located within a qualitative research approach, determined by a postpositivist paradigm, which allowed collecting the information directly into the space where it originates. The research design is experimental and not transactional. The proposal raises a different approach from Citizens and Political Participation in the Bolivarian Republic of Venezuela, the specific aims to achieve and the strategies required achieving each of these purposes.

Keywords: participation, citizenship, politics.

INTRODUCCIÓN

La presencia de los ciudadanos en los asuntos públicos es una condición necesaria para alcanzar la gobernabilidad democrática.

En la medida que la acción del poder sea más genuina en el carácter obtenido a través de un consenso social, mayor será la posibilidad de concebir las pretensiones de los diferentes sectores sociales.

Puede señalarse que la práctica progresiva en la defensa de los derechos humanos está en relación directamente proporcional al aumento de la calidad de la participación ciudadana.

Así mismo, se aprecia en la colectividad una marcada exclusión respecto a la toma de decisiones sobre los asuntos públicos; de manera que, el consenso se reduce a minorías no representativas de la diversidad de intereses en la sociedad.

Una de los motivos principales para tal situación se desprende de la ausencia de información, e interiorización de la ciudadanía, sobre las posibilidades del marco jurídico en todo lo que al reconocimiento formal de espacios de participación se refiere.

Debido a las circunstancias mencionadas, las políticas sociales abren el compás de participación al colectivo comunal esto conlleva a fortalecer el interés en la relación del escenario político, la gestión ambiental urbana y la contribución de la participación activa de la ciudadanía, como un importante desafío dentro de la administración pública con sentido democrático y de institucionalización.

En este sentido la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) en su artículo 62 expresa:

“Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas.
La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.”

Junto a los postulados anteriores, los cuales suponen la búsqueda de eficiencia y eficacia en la acción del Estado y de sus municipios, las entidades públicas deberían considerar un cambio cualitativo en la apreciación de los ciudadanos en ámbitos medioambientales y programas sociales, entendidos en el marco de la globalización.

Dentro de este ámbito, se resalta la necesidad de la participación ciudadana, en la cual el gobierno municipal debe representar la expresión del Estado más cercana de la población y ser el artífice de un número significativo de iniciativas participativas.

Así, en el nivel local, la ciudadanía ha comenzado a utilizar los medios legales establecidos, tales como los consejos comunales, con sus voceros y voceras, lo cual ha incidido para la creación de canales alternos que permitan elevar sus demandas a la esfera pública local.

Por ende, como resultado de este proceso de participación e incidencia, la comunidad organizada puede encontrar, en algunos casos, la apertura y voluntad política de las autoridades, estableciéndose coordinaciones de trabajo y con ello el reconocimiento de las distintas formas de organización políticos válidos y legitimados para negociar e incidir en el proceso de toma de decisiones.

De esta manera, se muestra en los últimos 10 años la tendencia al incremento de la participación ciudadana, lo cual constituye una realidad nacional innegable que no ha dejado de registrarse en Venezuela, donde cobra fuerza el concepto de democracia participativa. En este hecho, el ciudadano entiende, al elegir a sus gobernantes, que no abdica de su interés en la cosa pública. El ciudadano solo busca hacerse oír y ser tomado en cuenta directamente cuando las autoridades se aprestan a actuar en cuestiones de afectación general e interés público.

En función de ello, es imperante informar, educar, sensibilizar e incorporar activa y proactivamente a la comunidad para el fortalecimiento de actores relevantes en la participación ciudadana en Venezuela, a fin de lograr el desarrollo de las más óptimas condiciones de vida para sus habitantes de la localidad y espacios circunvecinos.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y POLÍTICA

Según el Proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2005), el principio de participación ciudadana se relaciona directamente con los conceptos de ciudadanía, gestión pública, la relación entre la sociedad civil y el Estado.

El término participación se utiliza en el sentido de lo que representa el tomar parte (Pars y capio) de la cosa pública en la gestión de lo colectivo. Siendo la cosa pública (res pública) lo que afecta a la sociedad en su conjunto, y el término gestión un sinónimo de intervención, interés, preocupación, fuera de su orientación en el campo organizacional.

El fortalecimiento de la participación ciudadana debe asegurar la capacidad de los ciudadanos de intervenir en “lo público” y este derecho sólo es posible si se promueve una nueva articulación de Estado, sociedad civil y ciudadanos, siendo el gobierno a nivel de las localidades el más propicio para así promover estos procesos de participación.

La finalidad de la participación ciudadana en este ámbito, es hacer más directas y cotidianas las relaciones entre la sociedad civil y los gobernantes con el objeto de tomar y ejecutar decisiones de forma bilateral y para ello se hace necesario crear mecanismos de participación diferentes a los de los partidos políticos que cada día representan menos a la sociedades, a sus intereses sectoriales y al municipio, que es la organización jurídico política que enmarca la vida local.

La gran dificultad que existe actualmente sobre la representatividad y legitimidad de las democracias representativas como sistema de gobierno demandó otras formas de participación en el trabajo político de cara al Estado, y que abrió espacios a distintos liderazgos políticos a través de nuevas herramientas jurídicos entre las que se pueden mencionar: la Ley de Descentralización, Ley Orgánica de Régimen Municipal, y todo lo concerniente a la participación ciudadana en las Constituciones de 1961 y 1999 de Venezuela, así como la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, la Ley de Contralorías, entre otros.

Puede diseñarse entonces un cambio primordial en donde las medidas se toman con la injerencia de la comunidad y por consenso, puesto que las dificultades son cada vez más complejas e interconectadas, para lo cual la institucionalidad habitual es ineficaz en sus soluciones, ya que el contexto socio político de la participación ciudadana es tan dinámico que las organismos necesitan de su ayuda en el tratamiento de las iniciativas de carácter público.

Ahora bien, según el Proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2005), la positiva mediación de la sociedad civil en las políticas públicas supone una serie de condiciones mínimas sin las cuales la participación ciudadana sería imposible, entre ellas: a) un sistema de efectivas libertades civiles y políticas; b) el acceso popular a la información; c) un federalismo sólido; d) una adecuada descentralización político administrativa; e) el funcionamiento de las instituciones democráticas; y f) las expectativas, deseos y voluntades de los ciudadanos.

La Comisión Permanente de Participación Ciudadana, Descentralización y Desarrollo Regional de la Asamblea Nacional define la participación ciudadana como un paso sucesivo, por medio del cual se incluye al habitante de manera particular o colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones de los asuntos públicos y privados que los afecta en lo político, económico, social y ambiental, para permitirle su pleno desarrollo como ser humano y el de la comunidad en que se desenvuelve.

Del planteamiento anterior se deduce que la participación ciudadana es una herramienta efectiva y útil en la conformación de esta estrategia de gerencia local, que soporte el progreso económico de la localidad. De allí su gran valor en el conocimiento de la naturaleza de la participación como vía para corregir problemas tales como: efectividad en la gestión pública, resolver dificultades urbanas, eficiencia del gasto público, entre otros.

La participación ciudadana ha sido concebida como una técnica diseñado por el gobierno para promover acciones  en las comunidades, de esta manera la administración Publica se descarga de algunas tareas y responsabilidades que competen al  gobierno central, transfiriendo competencias a los gobiernos locales. En otros ámbitos, la participación ciudadana tiene su origen en el seno de la sociedad civil y está orientada a sustituir la acción del Estado, esto como consecuencia de la incompetencia o ineficiencia de la acción de la administración publica en la resolución de problemas que los aquejan de manera directa o indirecta a las colectividades.

Es evidente que la intención de dicha participación es lograr que la ciudadanía intervenga en las políticas y disposiciones públicas, para ello es preciso institucionalizar mecanismos, procesos y organismos a través de una normativa legal. Pero este espacio de participación ciudadana puede ser determinada y hasta neutralizada bajo una supuesta práctica democrática, y la participación ciudadana puede constituirse en “una plataforma de fácil uso para construir artificialmente consensos y legitimar desigualdades”. (Cunill, 1991).

Así mismo, Mendoza (2001) agrega que la participación ciudadana es el derecho de los ciudadanos a tomar parte activa en las decisiones de gobierno en cualquier instancia sobre aspectos claves que afectan nuestras condiciones de vida. Esto quiere decir, asegurarse que las decisiones que tomen las autoridades estén de acuerdo a las necesidades de la comunidad y de no ser así exigirlo. También es el derecho a controlar la actuación de las autoridades elegidas y de los funcionarios públicos en el sentido de que no utilicen el cargo para su propio beneficio, sino para el desarrollo de la localidad.

A partir de lo anterior, se podría definir la participación ciudadana como un proceso sucesivo por el cual se forma al ciudadano desde una perspectiva individual o de manera colectiva en la toma de medidas, tales como: la fiscalización, control y ejecución de las políticas públicas y de los asuntos de ámbito privado, que afectan en lo económico, social y ambiental para que pueda acceder a su pleno desarrollo como ser humano y la de la sociedad en que habita.

BASES JURÍDICAS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y POLÍTICA

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 establece en los siguientes artículos:

Artículo 6:

“El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. El gobierno de la República de Venezuela se define como un gobierno participativo (ya no representativo), con políticas descentralizadas, la inclusión de todos los estratos sociales, responsable en sus acciones y con la posibilidad de ejercer la revocatoria del mandato (Presidente, Gobernadores, Alcaldes, entre otros)”.

Artículo 62:

“Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.”

Artículo 70:

“Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político; la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en los social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad. La Ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo”.

El texto constitucional de 1999 es claro y tiene como desiderátum refundar la República, generando sociedad civil interactiva y protagónica. Esta intención del legislativo remite a desarrollar un ciudadano protagónico, a obtener un rol estelar con una intervención activa.

En tal sentido, se mencionan los distintos medios de ordenación y promoción de la participación ciudadanas previstas en la legislación municipal de la República Bolivariana de Venezuela, esenciales en la reconstrucción de los espacios de participación expuestos inicialmente.

En el artículo 258 la LOPP (2005), contempla que los canales de participación de la ciudadanía en ejercicio de su soberanía son aquellos a través de los cuales ellos podrán, en forma individual o colectiva, manifestar su aprobación, rechazo, para expresar su voluntad respecto a asuntos de interés colectivo”. Así mismo, los municipios con población indígena deben determinar sus propios medios de participación.

De igual modo, se tiene que los artículos 260 y 261) hacen referencia a los Cabildos Abiertos: donde la decisión para convocar a estos corresponde al Concejo Municipal así, como a las Juntas Parroquiales por acuerdo de la mayoría de sus integrantes; al alcalde y a los ciudadanos.

En este mismo contexto en los artículos 262 y 266 está la Asamblea de Ciudadanos: siendo esta un medio de participación en el ámbito local de carácter deliberativo, en la que todos los ciudadanos tienen derecho a participar por sí mismos, y cuyas decisiones serán de carácter vinculante. Estando referida a  materias que establece la ley correspondiente, debe ser convocada de manera expresa, anticipada y pública, a fin de contribuir a fortalecer la gobernabilidad, además de impulsar la planificación, la descentralización de servicios y recursos.

Ahora bien en el artículo 264 se establecen las Consultas Públicas: las  cuáles hacen referencia a espacios de discusión e intercambios de opiniones de los ciudadanos para considerar materia de interés local, estas consultas públicas deben ser promovidos por el Concejo Municipal. Y las materias a considerar serán inscritas en el orden del día y en dicha sesión, donde la ciudadanía asistente podrá formular preguntas, emitir opiniones y hacer proposiciones. A su vez, el Concejo Municipal deberá dar a los vecinos respuesta oportuna y razonable a sus planteamientos y solicitudes. En todo caso, para la celebración de esta reunión, se convocará, entre otras, a organizaciones vecinales, de mayor importancia como las gremiales, sociales, culturales de la comunidad.

En este mismo orden de ideas, el artículo 267 habla de la Iniciativa Popular: en ella el Concejo Municipal requerirá, de conformidad con lo que dispongan los reglamentos, la cooperación vecinal para labores de asesoramiento, en: Comisiones permanentes del propio Concejo Municipal y,  Comisiones de vecinos encargadas de vigilar el buen funcionamiento de los servicios públicos y cualesquiera otras de la competencia  del Municipio.

Respecto al Presupuesto Participativo el artículo 268 lo define como el resultado de la utilización de los procesos mediante los cuales los residentes del Municipio proponen, deliberan y deciden en la ejecución, control y evaluación del presupuesto de inversión anual municipal. Todo esto con la intención de cristalizar proyectos que permitan el desarrollo del Municipio, atendiendo  las necesidades y propuestas de las sociedades y sus organizaciones en el Consejo Local de Planificación Pública.

En cuanto al Control Social, el (Art. 269) se establece como un mecanismo a través del cual todo ciudadano de forma, individual o colectivamente participa en la vigilancia y control de la gestión pública municipal, específicamente en la ejecución de programas, planes y proyectos,  prestación de los servicios públicos municipales, así como en la conducta de los funcionarios públicos, para así, precisamente ejercer un control y prevenir, racionalizar y promover correctivos sobre las acciones de dichos funcionarios.

FORMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y POLÍTICA

Prats (1992; citado por Camacho, 1999) distingue la forma en que la ciudadanía participa en: participación-reivindicación, participación-control y participación-gestión. Estas se pueden entender de la siguiente manera:

  • Participación-reivindicación: los movimientos de ciudadanos con exigencias de derechos, resguardados por los diferentes convenios de protección a los derechos humanos y por las constituciones de la generalidad de los países.
  • Participación-control: la colectividad a través de las asociaciones de vecinos, usuarios, consumidores, y otros, que persiguen un mejor control de la gestión pública, por parte de los entidades del gobierno municipal; control que se establece jurídicamente a través de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y leyes adecuadas a tal materia, así como denuncias, petitorias de defensa de los consumidores, regulación de plebiscitos y referendos, audiencias públicas, entre otros.
  • Participación-gestión: estas materializan una legítima gestión sustitutoria o sumergida, ante la dificultad del Estado del bienestar (guarderías, asistencia social, actividades deportivas o culturales, las cuales en la actualidad son llevadas financieramente por sociedades voluntarias).

Sobre el tema, señala Mendoza (2001) que estas formas de participación se pueden enunciar a niveles comunal, municipal y nacional, de manera particular en colectivo, y a través de ellas se intenta lograr:

  • Proximidad y representación ciudadana en los niveles de decisión;
  • Establecimiento de dispositivos de control social;
  • Instauración y fortalecimiento de herramientas para lograr una democracia participativa;
  • Fortalecimiento municipal;
  • Concentración y/o desconcentración de la gobierno Municipal para lograr justicia y equidad social; y
  • Acatamiento a la pluralidad organizativa y social.

Igualmente, se pueden dividir las formas  de participación de la sociedad en pasivas y  activas:

- Formas pasivas: las formas pasivas de participación de los ciudadanos encierran la trabajo de los funcionarios públicos para comunicar a la colectividad de los problemas y de los planes para resolverlos, así como para establecer qué percepción tienen la sociedad respecto de los problemas y así como su opinión acerca de los planes y opciones. Los burócratas suelen recurrir a las formas pasivas de participación ciudadana, para lograr el apoyo del público hacia los proyectos que esperan llevar a cabo.

- Formas activas: son aquellas, en las que los ciudadanos participan de modo directo en la organización o en la  gestión pública, participación esta que se puede expresar de manera individual (derecho a solicitar información o a optar a cargos públicos, por ejemplo) y de manera colectiva (grupos de interés, sectores laborales, partidos políticos, entre otros).

MECANISMOS LEGALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y POLÍTICA

Los exponentes de mayor relevancia de esta forma de participación, pueden ubicarse en las constituciones y leyes nacionales de muchos países de América Latina, como de otros países del mundo.

Los enunciados que se tienen sobre cada uno de estos dispositivos, están fundamentados en los mismos principios. A continuación, se presentan algunas de estas instituciones jurídicas:

El referendo: a través del mecanismo de los referendos populares, los pueblos tienen, con periodicidad, la oportunidad de hacer saber a quienes han sido elegidos para tomar decisiones, los puntos de vista de la localidad acerca de un determinado asunto. Por medio del referendo interviene el pueblo en forma directa en el régimen político de su municipio, participando de cierta manera en la aprobación de leyes u ordenanzas municipales y decidiendo en algunos casos, como última instancia, sobre las cuestiones que le afectan de manera directa.

ELABORACIÓN DE LEYES POR INICIATIVA DE LOS CIUDADANOS

De esta manera, y tal como establece el artículo 273 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; la solicitud y validez del referendo consultivo, revocatorio, abrogatorio o aprobatorio, deberá cumplir con los requisitos establecidos en esta Constitución y en la legislación electoral;  deberá además hacerse ante el Consejo Nacional Electoral quien organizará, administrará, dirigirá y vigilará todos los actos relativos a los referendos.  A la vez que la convocatoria a referendos sobre un proyecto de ordenanza o cualquier materia objeto de consulta, sólo podrá hacerse una sola vez, en el mismo período constitucional.

Asimismo, el artículo 277 señala que la iniciativa legislativa radica en que la ciudadanía, en un porcentaje no menor al cero coma uno por ciento (0,1%) de los electores del Municipio, podrán presentar proyectos de ordenanzas o de modificación de las ya vigentes. Estos proyectos de ordenanzas deberán ser sometidos a la consideración del Concejo Municipal para su admisión o rechazo; previamente, el Concejo Municipal deberá fijar una reunión con los presentadores de la iniciativa legislativa a fin de discutir su contenido.

De esta manera, una vez examinado el proyecto, el Concejo Municipal deberá pronunciarse sobre su admisión o rechazo dentro de los treinta días siguientes a su presentación. Admitido el proyecto, el debate del mismo deberá iniciarse en un lapso de treinta días siguientes.

De este modo, si el debate no se inicia dentro del lapso antes señalado, el proyecto se someterá a consulta popular de conformidad con lo establecido en la legislación electoral. El Concejo Municipal deberá motivar el rechazo a la iniciativa cuando sea el caso.

LA REVOCACIÓN DEL MANDATO

La revocación del mandato o convocatoria está diseñada para remover a los funcionarios públicos de sus cargos antes del plazo normal que para ello está fijado.
En este sentido, se tiene que en la Constitución venezolana se establece, en el Artículo 72, lo siguiente:

“Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores y electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y la ley”.

Para Camacho (1999): “La sociedad civil organizada es el canal más adecuado para lograr una intervención de la ciudadanía, es primordial para una política moderna e incluyente y sirve de base para la gobernabilidad democrática y el desarrollo integral de nuestra nación”.

Los beneficios de la participación ciudadana en los procesos de planeación, instrumentación y evaluación de las políticas públicas, son sustanciales.
La participación ciudadana es un derecho político que incluso forma parte de los derechos humanos. En efecto, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) se establece que: "toda persona tiene el derecho a participar en el gobierno de su país", sin embargo, actualmente la participación del pueblo en la toma de decisiones es meramente formal.

Por tanto, los municipios son cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos. La participación ciudadana exige como requisito previo la información. La existencia de mecanismos de comunicación se hace necesaria para que la administración, conozca las demandas de los vecinos y, éstos a su vez, sepan de las actuaciones municipales.

CONCLUSIONES

Los cambios en la concepción de la ciudadanía social en Venezuela pudieran verse a través de dos ciclos paralelos, en modo alguno naturales, sino que expresan las correlaciones de fuerza existentes en cada coyuntura.

Uno de esos ciclos sería el cultural-político, en el cual la expansión de la ciudadanía social es ininterrumpida y la población, una vez que ha tenido un derecho social no lo quiere perder, al considerarlo como un derecho adquirido; su no-satisfacción genera altos grados de frustración y malestar en contra del sistema democrático.

Un segundo ciclo es el legal-institucional, no siempre de acuerdo con el ciclo cultural-político, que mediatiza las prestaciones, las expande o limita, según sea el caso; un ejemplo de esto es la coyuntura actual, en la que se ha expresado un ascenso en el campo de los derechos sociales, aun cuando las acciones de los actores políticos evidencien que en términos reales no es posible cumplir con esa oferta.

En este sentido, la más reciente Constitución intenta redefinir la ciudadanía social, reafirmando la tendencia secular a la expansión de los derechos y reconociendo (aun si lo hace de forma extremadamente imprecisa) la corresponsabilidad de la sociedad en su plena realización. Los ciclos se vuelven a sincronizar, aparentemente, ya que el nuevo instrumento jurídico pretende crear las bases legales-institucionales para un nuevo avance de los derechos sociales.

Sin embargo, la concepción sobre la estructura y procesos económicos, que debería ser el eslabón que enlace ambos ciclos, parece no haber avanzado más allá del enfoque rentista, con lo cual se corre el riesgo de sentar sobre bases muy frágiles la nueva institucionalidad de la ciudadanía social.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Asamblea Nacional Constituyente (1999). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial No. 36860 de fecha 30 de diciembre. Venezuela.

Camacho, E. (2002). Las Contralorías Ciudadanas en el Paraguay: una perspectiva jurídica de desarrollo Taller Veedurías ciudadanas de la República de Colombia, una referencia para las Contralorías ciudadanas paraguayas. Agosto, Paraguay.

Cunill, N. (1991). Participación Ciudadana. Venezuela. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).

Asamblea Nacional (2011). Ley Orgánica del Consejo Central de Planificación. Gaceta Oficial número 39.604. Venezuela.

Asamblea Nacional (2005). Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Gaceta Oficial No. 38.204. Venezuela.

Organización de las Naciones Unidas (ONU) (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. Francia. ONU.

Prats, J. (1992). Gobernabilidad democrática para el desarrollo humano: marco conceptual y analítico. Revista Instituciones y Desarrollo. Número 10. (Pp. 103-148).

Schneider, M. (2007). La participación ciudadana en los gobiernos locales: contexto político y cultural. Un análisis comparado de Buenos Aires y Barcelona. Argentina. Thompson.

Tarrow, S. (1994). Power in movement: social movements, collective action and mass politicas in the modern state. Estados Unidos. Cambridge University Press.

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